La Justicia falló a favor de un vecino de Córdoba capital que vivió una situación insólita producto del robo de su identidad. Vía telefónica una persona, utilizando el número de DNI de este vecino, obtuvo una tarjeta de crédito de un banco privado.
Pidió que se le envié esa tarjeta a un domicilio que no es el del vecino damnificado, y allí la recibe y firma con una firma que no es la del vecino damnificado.
En lo penal, obviamente, la persona que usurpó la identidad deberá ser perseguida judicialmente, pero el problema que se le generó a Mauricio Alejandro Cárdenas fue realmente significativo, porque durante el año 2019 comenzó a recibir llamadas a las que define como acosos para que pague una deuda que había generado con la tarjeta de crédito que le concedieron a quien usurpó la identidad,
Primero desestimó las llamadas, pero luego, al ver que insistían no sólo a su número sino también a los de su entorno familiar, decide ir a una sucursal de Córdoba capital de este banco.
Allí le explican que le habían dado a principios del año 2019 una tarjeta de crédito. El hombre le dijo que no fue para él, no era su domicilio, ni su firma.
No pudo acceder a un crédito
El hombre sufrió muchas pérdidas, como por ejemplo de chances -como dice la magistrada-, ya que tenía pre-aprobado el crédito en el banco de Córdoba en el plan 25 mil viviendas a una tasa favorable, y no pudo acceder porque estaba en la categoría de "moroso" en el BCRA.
El banco reconoce que no verificaron la identidad de la persona que por teléfono consiguió la tarjeta.
En ese sentido, el juzgado Civil y Comercial de 16° Nominación de Córdoba, condenó al banco privado a indemnizarlo. El Tribunal consideró acreditado que el banco no cumplió con el deber de seguridad de desempeñar su actividad comercial sin dañar a clientes y al público en general, ya que no tomó mayores recaudos para emitir una tarjeta de crédito a quien se presentó con un DNI al que no le correspondía su identidad.
Fue la jueza María Eugenia Murillo quien dio por acreditado que el damnificado nunca prestó consentimiento para esa contratación, sino que se vio expuesto a las prácticas comerciales del banco, y tuvo como consecuencia que se creara una deuda a su nombre, y que además fue informado al BCRA como deudor moroso en situación número 4, con alto riesgo de insolvencia
Por esto, ordenó al banco pagar por un lado 200 mil pesos en concepto de daño punitivo, pero también 200 mil pesos más (más intereses) en concepto de daño moral, y también le agrega un monto que no está definido en la sentencia, sino hasta el momento de la ejecución, por la pérdida de chance al no haber podido acceder a este crédito para llegar a la casa propia.