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Becerra fue sobreseída por la Justicia

La abogada Ana Becerra había sido imputada como supuesta autora de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Había sido imputada por un fiscal de Córdoba capital como supuesta autora de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Junto a ella también habían imputado a un vocal del organismo, Carlos Mercado. Finalmente, decidieron sobreseerlos.

Cabe recordar que Becerra fue imputada porque a Lucas Gómez, el policía que está acusado de ser el autor del disparo fatal contra Blas Correas, lo habían investigado antes por otro delito, que es el encubrimiento de una violación ocurrida en la localidad de La Calera, en el gran Córdoba, y había sido investigado.

En el momento que se investiga en el Tribunal de Conducta, el policía pasa a estar en situación pasiva. Cuando termina la investigación, se cierra el expediente y no se aplica una sanción concretamente, porque se espera que la Justicia sea la que determine la responsabilidad penal de Gómez.

Como la pasiva no es una sanción en sí, se levanta. Después, el rol que ocupa dentro de la Policía ya depende de la Policía, según explicó Becerra desde el mismo momento de su imputación, diciendo que desde el Tribunal de Conducta no le devolvieron el arma, si no que le devolvieron la condición de trabajador de la fuerza, la Policía podía ponerlo en tareas no operativas, sin armas y esos atributos, o enviarlo nuevamente a la calle con el arma.

Asimismo, vale destacar que la funcionaria villamariense fue imputada en mayo del 2021. El fiscal pide un sobreseimiento para Becerra y Mercado en mayo del 2022, el cual se formalizó en los últimos días a la abogada en su domicilio villamariense, donde recibió la notificación de que el Juzgado de Control resuelve sobreseerla.

Finalmente, el mencionado juzgado también pide que se investigue en definitiva quién le devolvió el arma a Gómez. Een el punto 3 de la resolución, dice que en razón de lo analizado en los considerandos, vuelvan las presentes actuaciones a la fiscalía de Instrucción en lo Penal y Económico de Primera Nominación, para profundizarla y determinar si el restablecimiento del policía se efectivizó de manera legal y ajustada a los estándares normativos y procedimentales de la fuerza.

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