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Caso venta de bebé: Colegio de abogados vs fiscal Companys

El Colegio de Abogados de Villa María lanzó un comunicado "en defensa del secreto profesional", expresando "seria preocupación" por el accionar de Companys.

Es que en el mencionado caso, la fiscal secuestró el celular de la mencionada abogada, lo que despertó la inquietud por parte del Colegio: "el teléfono celular constituye, en tiempos actuales, una herramienta de trabajo, asimilable a la computadora, que no solo permite la comunicación con los clientes, sino a través del cual recibimos y enviamos documentación, conteniendo datos sumamente sensibles", dice el comunicado.

"Contiene mensajes de índole privada que en nada atañen a la investigación en curso, pero también aquellas comunicaciones que dichos letrados han mantenido con sus clientes en el marco del ejercicio profesional. La eventual violación del secreto profesional perjudica de manera clara, directa e inmediata en el ejercicio profesional a los abogados/as matriculados/as", continúa.

El acceso de la fiscalía a conversaciones privadas protegidas por el secreto profesional ha despertado una "seria y real preocupación" en el Colegio, que no dudó en tildar de autoritaria la actitud de Companys.

"Esos datos tienen por sobre todo resguardo constitucional, pues son alcanzados por la garantía de la defensa en juicio, de la prohibición de declarar contra uno mismo, de la concesión al inculpado de los medios adecuados para la preparación de su defensa y el derecho de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor", explica.

"El cliente bien puede haber confesado circunstancias a su abogado de confianza o acompañado determinada documentación estrictamente confidencial, cuya utilización de oficio en el marco de un proceso, le pueden resultar adversas", agrega.

"Para el caso excepcionalísimo de que corresponda disponer el secuestro de dispositivos electrónicos entre ellos celulares, propiedad de abogados y considerado elemento de trabajo, deberá hacerse con elementos de razón suficiente para considerar que un abogado podría estar cometiendo un delito, y respetando el marco de razonabilidad, proporcionalidad, prudencia y siguiendo la garantías descriptas en el presente escrito, con el debido resguardo del secreto profesional derivado de la relación abogado-cliente", concluye el comunicado.

Alarcos destacó que la acusación contra Carricaburu "es grave" y que corre "por cuenta de la señora fiscal tener que probar los extremos que ella misma ha invocado para mantenerla presa". Por otra parte, el abogado defensor destacó que no hay "ninguna actuación judicial como para que amerite un vínculo entre ella y los supuestos papás adoptivos, o autores o coautores de la maniobra"

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