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Desestiman amparo de Directivos de Martilleros contra el CPI

La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, rechazó de manera contundente y con fundamentos sólidos, basados en fallos que dejan claramente evidenciado que el "Correjate Inmobiliario", sólo puede ser ejercido por Profesionales con Matrícula CPI, bajo la normativa de la Ley Provincial 9445

La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, rechazó de manera contundente y con fundamentos sólidos, basados en fallos que dejan claramente evidenciado que el "Correjate Inmobiliario", sólo puede ser ejercido por Profesionales con Matrícula CPI, bajo la normativa de la Ley Provincial 9445.

A continuación, extractos del fallo que explican la decisión de la justicia.

“...Por tanto no existen dos entidades profesionales “superpuestas”, como denuncian los recurrentes, ya que el Colegio profesional creado en función de la ley 7191 mantiene su potestad y titularidad del ejercicio del poder de policía sobre la profesión de corredor público (excluida la actividad de intermediación inmobiliaria) en tanto que el Colegio Profesional creado por la ley 9445, la ostenta exclusivamente sobre los corredores públicos que ejercen específicamente la actividad de intermediación inmobiliaria. (…) no es más que una ocurrencia de los apelantes, desde que en modo alguno el pronunciamiento obliga a una doble matriculación (en ambos Colegios profesionales) ya que no coexisten dos Colegios que regulen la misma actividad (intermediación inmobiliaria), sino solo uno. De modo tal el profesional que pretenda ejercer como corredor genérico deberá matricularse en los términos de la Ley 7191 en tanto que, quien pretenda intermediar con inmuebles, deberá hacerlo en el Colegio de Corredores Inmobiliarios conforme impera la Ley 9.445…”

Asimismo, “…. Luego pretender reeditar una controversia ya resuelta no puede merecer acogida, pues ningún hecho nuevo ha surgido que justifique ello. Y no puede rectamente mencionarse que así resulte de la aplicación de la norma declarada constitucional (Ley 9.445)...”

Y señalan que “… Es de advertir que se hace caso omiso a que la Ley 9.445, derogó todas las disposiciones de la Ley 7191 en cuanto se le opusieran, para proseguir litigando al amparo de una norma no vigente…”

Por tanto “...No se excluye que en más de una oportunidad (en los diversos litigios sobre el thema) se pretendió la suspensión de los procesos pendientes invocando un proyecto próximo a convertirse en ley, que según los martilleros y corredores públicos y/o la entidad que los colegia, cambiaría el marco legal positivo. Sin embargo, ello no ha acontecido hasta la actualidad…”

Por último, "....habiéndose ya dictado pronunciamiento respecto de la cuestión en autos “Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios c/Lucero, Carlos Florentino – Ordinario”, Sent. n° 238 de fecha 25/11/2020, corresponde invocar la motivación allí expuesta, que, a su vez, continúa la línea jurisprudencial sentada en “Urcegui”, “Issola” y “Mattone c/Centro Comercial Costanera SA” (aun cuando este último sea un conflicto entre particulares)...”

En tal sentido: “En primer lugar, cabe poner de resalto que en otros precedentes he afirmado que para el ejercicio del corretaje inmobiliario se requiere la matriculación en el Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios, a mérito de la Ley 9445 (Mattone, Emiliano c/ Centro Comercial Costanera S.A. – Ordinario – Cobro de Pesos” - Expte. N° 5771492, Sent. del 10/11/16), cuya constitucionalidad ha quedado convalidada según el análisis que efectuara el Máximo Tribunal local in re: “Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba c/ Provincia de Córdoba s/Amparo. Recurso directo”, resolución que se encuentra firme por rechazo del Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A más de ello, esta Cámara se ha expedido ya en otras oportunidades al respecto en autos “Urcegui, Gustavo Adolfo c/ Colegio de Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, Amparo- Expte. N° 5689223”, “Ísola, Jerónimo Oscar c/ Colegio de Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba- Expte. N°5831292”, y “Prato, Marcelo Rodolfo Gustavo y otro c/Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, Amparo- Expte. N° 6494568”, en sentido favorable a la constitucionalidad de la referida ley…”

“...En la especie, la primera Juez señala en forma expresa y en concordancia con el Tribunal Superior de Justicia (cuyo fallo transcribe), que la creación del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios mediante Ley 9.445 no resulta violatorio de derecho constitucional alguno, desde que los colegios profesionales son una creación legal que la Provincia, en su calidad de titular de las potestades públicas, puede instrumentar, como así también que el mentado Colegio se presenta como medio idóneo para asumir, por delegación legal, el gobierno y control de la matrícula de esa actividad profesional, lo que sumado a la diferenciación que hace la misma de la profesión de Martilleros y Corredores con singularización de la actividad del corredor inmobiliario, conduce a afirmar que no cabe cuestionar la razonabilidad de la Ley 9445....”

“...Por otra parte, si se repara que la sanción de la Ley data del año 2007, el demandado tuvo tiempo ampliamente suficiente para adoptar los recaudos, pedir asesoramiento, analizar la disposición, etc. Ninguna de las afirmaciones vertidas justifica la ausencia de matriculación ni el ejercicio irregular de la actividad profesional de corretaje inmobiliario por parte del demandado. Por otra parte, como ya se dijo en los precedentes de esta Cámara (confr. Urcegui), para triunfar en el reclamo, no alcanza con predicar que la actora “obstaculiza el ejercicio profesional como corredor público tal como lo prescribe la ley 7191 si no que se debió demostrar de qué manera el control del ejercicio de los matriculados como corredores inmobiliarios y en consecuencia de los profesionales que intervienen en la intermediación de inmuebles perturba el derecho del amparista a desempeñarse como corredor genérico…”

FUENTE: CPI Córdoba.

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