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Multa por fiesta clandestina será destinada a un hospital

La Justicia de Bell Ville confirmó que los imputados por organizar una fiesta clandestina darán los $60 mil de multa al Hospital provincial Ceballos

El Juez Federal homologó un acuerdo en el marco de una causa por propagación de enfermedades contra un grupo de jóvenes denunciados por hacer una fiesta clandestina. El fallo destaca que la solución alternativa del conflicto "se adecua al restablecimiento de la armonía y paz social" y confirma que el monto de la multa se le otorgará al hospital provincial de Bell Ville.

La causa, denominada “O.G. Y OTROS s/ VIOLACIÓN DE MEDIDAS – PROPAGACIÓN EPIDEMIA”, resuelta por Juzgado Federal de Bell Ville, a cargo del Dr. Sergio Pinto, estableció hacer lugar a la propuesta de solución del conflicto penal mediante la cual los demandados deberán abonar la suma de $60.000 al Hospital Provincial “José A. Ceballos”.

Las actuaciones comenzaron con motivo de una denuncia anónima mediante la cual quedó acreditado que en un galpón de la localidad de Bell Ville se reunieron una gran cantidad de personas de varias edades, compartiendo reuniones sociales, las que se encuentran prohibidas por disposición del Gobierno Nacional, como medida de prevención de la propagación del virus Covid-19.

Según el magistrado federal, la conducta delictiva objeto de autos está receptada en el art. 205 del Código Penal y consiste en la violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Se trata de un delito de peligro abstracto, ya que no solo no exige resultado alguno, sino que ni siquiera se requiere que haya existido el peligro de la introducción o propagación de la epidemia en el caso concreto, ni que ella afecte alguna persona. Es suficiente con que se viole la prohibición para que se configure el delito.

Para el juez “en estos casos, el titular del interés es el grupo y no un individuo en particular y en ellos puede existir una legitimación difusa en cabeza de uno de los sujetos que integran el grupo (interés difuso), de una asociación que tiene representatividad en el tema (interés colectivo) o del Estado (interés público)”.

Por ese motivo, y pese a considerar que el fiscal federal no era quien debía celebrar el acuerdo ya que "no es ni la víctima ni el ofendido penal en este particular y concreto caso de autos", sino que en el caso concreto debía ser el Centro de Operaciones en Emergencia quien valore la propuesta de reparación, por ser quien está legitimada "para representar al conjunto de la sociedad belvillense afectada por el delito de que se trata (violación de medidas – propagación epidemia)"

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