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Dos hombres fueron condenados por venta de drogas

En dos juicios diferentes, la Justicia condenó a prisión a dos hombres por delitos ligados a la comercialización de estupefacientes.

Precisamente, uno de los condenados fue Luis Guillermo Rapaccioni, a quien la Justicia declaró como autor responsable del delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autor". De esta forma, le impusieron una condena de tres años, que deberá unificarse con una sentencia dictada en diciembre del 2017 en una pena única de tres años y dos meses.

Por otra parte, las autoridades dispusieron que realice un tratamiento adecuado a la problemática de adicción, que deberá ser coordinada por parte del Servicio Penitenciario, dando cuenta de la evolución al Tribunal. Asimismo, se decomisaron los estupefacientes, 54.740 pesos argentinos, 400 dólares estadounidenses y dos balanzas, que fueron puestas a disposición del Tribunal Superior de Justicia.

Esta audiencia estuvo presidida por el juez Félix Martínez, en tanto que el fiscal Francisco Márquez sostuvo la acusación y el doctor Marcelo Martín Silvano ejerció la defensa de Rapaccioni.

Otro condenado a tres años de cárcel

En otro juicio, el Tribunal declaró a Walter Raúl Ramírez como coautor responsable de "amenazas calificadas" y como autor del delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real y en los términos de los arts. 45, 55, 149 bis, 1º párrafo, 2º supuesto del Código Penal y art. 5 inc. “c” segundo supuesto de la Ley 23.737". Por ello le impusieron una pena de tres años de prisión efectiva, así como una multa de diez mil pesos y las costas del proceso.

Además, la Justicia dispuso el decomiso de las sustancias estupefacientes y de 10.300 pesos, así como otros elementos secuestrados en la causa.

Finalmente, vale señalar que la audiencia estuvo presidida por la jueza Eve Flores, en tanto que Márquez ejerció la acusación y la abogada Florencia Vottero la defensa de Martínez. En ambos procesos, el Tribunal resolvió declarar la inconstitucionalidad de la escala penal prevista en la ley 23.737 para la pena privativa de la libertad y para la multa, lo que se traduce en una reducción de la sanción mínima

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