Cabe recordar que Julio Alfredo Sánchez tenía 61 años, era alcohólico e indigente. El lunes 21 de diciembre, a las 8 de la noche, algunos chicos en bici se metieron al predio abandonado del Molino Fénix: lo encontraron asesinado en una tolva cerealera. Por el crimen la Policía detuvo a un niño de 12 años. Al ser menor, investiga el Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar y Penal Juvenil de Villa María.
Matías Emanuel Iturria tiene 27 años, es contador, desarrollador de negocios y, por las pruebas que tiene la Justicia Federal, a cargo de la fiscal María Schiaini, es presuntamente, un estafador al fisco: usó las identidades de personas indigentes para generar facturas truchas y beneficiar a empresarios a los que presta sus servicios. De él se puede decir que además está imputado (o sea, que es el supuesto autor de los hechos) con Tomás Lingua, un empresario acusado de captar a los indigentes y personas en situación de calle para ofrecerles, como changa, registrarse en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La novedosa información confirmo que Sánchez es, también, una de las víctimas de Iturria y Lingua.
Más acusaciones
En una de las causas elevadas a juicio, Iturria está imputado por alterar un registro público. La investigación se produjo por la denuncia de dos monotributistas que habían contratado los servicios del contador: notaron que en la AFIP tenían deudas. Su condición había cambiado: eran responsables inscriptos y por eso pagaban Bienes Personales, Ganancias e IVA. La AFIP elaboró un informe y no hubo dudas: las modificaciones se hicieron desde la computadora de Iturria.
En 2016, por otro lado, les creó un monotributo a dos personas indigentes y analfabetas: comenzó a facturar en su nombre. Una de esas víctimas, viudo y padre de ocho hijos, en determinado momento no recibió más la Asignación Universal por los montos que facturaba. Era tan obvio, tan vistoso -¿tan burdo?- y quedó en evidencia. En esta causa también está imputado Lingua por captar a las víctimas para que se inscriban, a modo de changa, como se dijo antes, en la AFIP.
Ese mismo año hubo otro caso: una exempleada de Iturria no pudo ser blanqueada por una nueva empleadora “por problemas con la AFIP”.
Si bien ya fue procesado, todavía no está firme esa disposición judicial.
Cabe recordar que desde la Juventud del PRO de la ciudad aclararon que el joven no forma parte del espacio desde hace tiempo y que su actividad privada “nada tiene que ver” con el partido.