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Revés judicial para la Asamblea contra la Corrupción en la demanda contra la Cooperativa 15 de Mayo

El Juez Augusto Camissa resolvió que la “Asamblea contra la Corrupción” debe agotar la instancia administrativa antes de peticionar por vía de la Justicia el cese de cobro del ítem relacionado al mantenimiento de la Planta de tratamiento de efluentes cloacales  por parte de la Cooperativa de Trabajo “15 de Mayo” (monto que ronda los $ 45 por frentista).

De esta manera el Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de Primera Instancia y Tercera Nominación de los Tribunales locales no hizo lugar a la demanda civil que lleva la firma del abogado Manuel Sosa, y otras seis personas, quienes reclamaron que la Cooperativa se abstenga de cobrar dicho canon y devuelva a los frentistas el dinero abonado en ese concepto desde el año 2013, fecha en que según los denunciantes, la planta dejó de funcionar.

El abogado Manuel Sosa (Asamblea contra la Corrupción) apeló el fallo, mientras que el abogado de la Cooperativa “15 de Mayo”, Pablo Longo, dijo que si la sentencia queda firme los vecinos que se acogieron a la medida cautelar dispuesta por el Juez Domenech, -que suspendió el pago del canon de mantenimiento de la planta por ocho meses-, deberán hacer frente a esa erogación además de las costas del juicio.

El abogado Longo le quitó el titulo de asamblea contra la corrupción a la demanda al señalar que “la asamblea desde punto de vista jurídico no existe” y tildo como una aventura judicial personal la presentación judicial contra la cooperativa.

“El que pierde paga” dijo el abogado al remarcar que la demanda se inició en forma personal y ante cualquier revés jurídico, deberán afrontar con sus patrimonios las costas de judiciales.

Audio abogado Pablo Longo

La Asamblea contra la Corrupción, por intermedio del abogado Manuel Sosa apeló el fallo (presentó un recurso reposición y apelación) para que el juez revoque la medida.

Dijo que  en la constitución Nacional  (artículo 42) de Defensa al Consumidor establece claramente que los usuarios tienen derechos a demandar cuando las empresas concesionarias de los servicios no cumplen con sus obligaciones. Agregó que hay numerosa jurisprudencia y doctrina que avala la posición.

Reclamamos que nos deje de cobrar y que nos devuelva el dinero que nos cobro desde que la planta depuradora dejó de funcionar normalmente, agregó Sosa.

Audio abogado Manuel Sosa

 

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